Presunto Culpable… una reflexión más…

Publicado: 21 marzo, 2011 en Justicia

Presunto culpables es, indudablemente, uno de los documentales que a lo largo de la historia, ha creado mayor polémica entre quienes intervienen o han estudiado el sistema jurídico de la aplicación de la justicia en México. Este filme ha hecho público, uno de los más grandes secretos a voces: el sistema de aplicación de justicia en este país es deficiente. Me atrevo a hacer ésta afirmación, porque entre amigos y abogados conocidos, se ha manifestado la corrupción existente en muchas ocasiones, con la finalidad de liberar a quien ha delinquido, en casos penales, o simplemente para ocultar o inventar pruebas que permitan, aun existiendo culpabilidad o inocencia, el favorecimiento de cualquiera de las partes. Obviamente, no es una generalización, pues bien se sabe existe gente realmente dedicada que trabaja en función de la verdad.

El documental, básicamente, presenta uno de los tantos casos en los que existen errores de fondo y forma en la utilización de las leyes.

Existe en nuestro país, una tendencia generalizada, sobretodo en el sector con menos formación intelectual y menos conocimientos jurídicos, que en este país es gran parte de la población, de afirmar que las leyes están mal hechas. En mi experiencia, considero que no son las leyes las que están mal, sino que existen individuos que no las saben utilizar. La aplicación de la justicia es una responsabilidad que corresponde al juez, sin embargo, mucho tiene que ver quienes ejercen la abogacía. El fallecido ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, don José de Jesús Gudiño Pelayo, afirmaba que para mejorar la administración de justicia no basta con reformar al Poder Judicial y exigir responsabilidad a los jueces por su desempeño, sino que también es indispensable reformar la manera y las condiciones en que se ejerce la abogacía en la actualidad, que se caracterizan, entre otras circunstancias negativas, por el casi nulo sistema de responsabilidades frente al cliente a que están sujetos los abogados postulantes. El juez no es el único, y en ocasiones tampoco el principal, responsable de una baja calidad en la administración de justicia, ni de la falta de credibilidad en ella. En el mejor de los casos, la responsabilidad es compartida”.[1]

En el documental, se presenta el caso de un sujeto, quien es procesado por el delito de Homicidio calificado[2]. Vale la pena mencionar que el homicidio es uno de los delitos más graves, ya que atenta contra el bien tutelado de mayor jerarquía, que es la vida. El Código Penal del Distrito Federal se refiere al delito de homicidio de la siguiente manera: “Al que prive de la vida a otro se le impondrá de ocho a veinte años de prisión.”

Entendemos según el caso, que se trata de una conducta de acción dolosa, pues se causa un movimiento corporal con toda la intensión de realizar el daño al sujeto pasivo. Lo cual, en la averiguación previa, es suficiente para llevar a cabo la consignación. Como una primera apreciación al proceso judicial del que tratamos, tenemos el error de la existencia de un defensor, de un abogado, que ni siquiera estaba autorizado para hacer actuaciones debido a la falsedad de los documentos presentados para ejercer esa función. Aunque esto parece relativamente irrelevante, no lo es. Podemos afirmar un aspecto negativo y uno positivo. En primer lugar, en un aspecto negativo, se realza en la presentación de un defensor que no está autorizado, y que por lo tanto se duda que sepa realmente qué es lo que está realizando. También destacamos un aspecto positivo dentro de esta primera apreciación, y es el hecho que al comprobarse la falsedad del defensor, da la posibilidad en autos de declarar la nulidad del proceso, permitiendo reabrir el juicio, es decir, reponerlo desde el momento en que se da la causa de la nulidad, dándole al procesado una nueva oportunidad de defenderse. A esto es a lo que me refería con el exordio anterior, finalmente las partes, el juez y lo abogados, tienen tal relevancia, que no es posible dejarle el total de la administración de justicia solamente al órgano jurisdiccional.

Me resulta increíble una de las primeras afirmaciones hechas por la abogada Layda Negrete, investigadora del CIDE, en la que sostiene que a los policías y otros funcionarios del sistema penal, los premian por llevar personas detenidas y acusadas, y me surgió una interrogante: ¿que no es ese su trabajo? O sea ¿los premian por cumplir con su deber? Se me hace absurdo.

Personalmente considero que el hecho de que un indiciado, probable responsable, inculpado o procesado, o sea cual sea su estado en el proceso tenga, necesariamente, que demostrar su inocencia, es un acto desacertado, pues finalmente, es el ministerio público quien debe comprobar la comisión del delito de parte del probable responsable, siendo así que le damos validez a lo que no podamos comprobar. Desgraciadamente, en derecho no sólo basta la verdad, o lo que se pueda decir, sino sólo lo que se pueda comprobar, y esto trae consigo, un problema. Pone en contraposición la verdad real contra la verdad legal, siendo que la primera debería llevarnos, necesariamente, a la segunda.

Retomando el caso que se expone en el documental, en un primer momento de los hechos, hago la enfatización de la violación del artículo 16 constitucional. En primer lugar, porque, quien es considerado como el sujeto activo, es molestado en su persona sin una causa fundada y motivada, y segundo, porque el presunto responsable en su momento, nunca ve, al igual que muchos otros sentenciados, una orden de aprensión girada en su contra. Ni siquiera podemos afirmar de una detención flagrante, en cuyo caso la misma Constitución permite que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido…

El caso se ve lleno de irregularidades procesales[3], desde el momento de la detención, así como en las audiencias y diligencias realizadas. Algunas de ellas se ven en las notorias contrariedades presentadas por el agente del ministerio público, la policía ministerial, y el testigo “estrella”, quien afirma, aún sin estar presente en el momento, que quien es señalado como “presunto” culpable es, categóricamente, responsable del delito de homicidio. El mismo caso, podría prestarse para cuestionar la veracidad de las declaraciones del testigo principal. Si éstas fueran falsas, se estaría incurriendo en el delito de falsedad de declaraciones tipificado en el art. 311 del Código Penal. Sin embargo, esto no podría afirmarse con toda seguridad, primero, como ya lo he mencionado antes, por el desconocimiento de la totalidad del expediente y de los hechos y; segundo, por  las declaraciones del Magistrado Salvador Ávalos, de la quinta sala penal, quien afirma que el reo fue absuelto por duda razonada, más no declarado inocente: “Los tratados internacionales que ha signado México, la Constitución Política y la propia ley procesal, me señalan que no puedo condenar a alguien cuando existe una duda, yo no dije en la resolución que esta persona fuera inocente, lo que dije es que de las actuaciones se habían desprendido dos corrientes probatorias, una para condenar y otra para absolver. Declaramos que existía una duda razonada y ante eso se absuelve”[4].

En general, este caso presenta un panorama de incertidumbre. A pesar de que también estoy un poco en contra del sistema de aplicación de justicia en nuestro país, también creo que el documental resulta ser un tanto tendencioso, no creo que todos los jueces sean malos, o que todos los abogados sean buenos, más bien creo, que cada uno de estos individuos actúa en función de sus atribuciones. No me parece que el juez sea un incompetente o que el puesto, como decimos coloquialmente, “le haya quedado grande”, más bien creo que él, como órgano jurisdiccional, actuó de acuerdo a su criterio. No creo en una sentencia arbitraria, sino más bien, resuelta con base en la ley y de una convicción basada en la legalidad, aunque no descarto tampoco que el juicio le falle.

Por otra parte, la intervención de los abogados sirve cabalmente para librar al Juez de una lucha contra la ignorancia y contra la mala fe, que le quitaría toda la serenidad y toda la agilidad del juicio; puesto que la presencia del defensor que representa o asiste a la parte, es garantía de ciencia y de probidad.

En este mismo sentido debo decir, sin embargo, que si me causa cierta incomprensión el hecho de que el ministerio público no haya tomado en cuenta las pruebas propias antes de la consignación y que resultaban favorecedoras para el inculpado, como la prueba de Harrison, la prueba que se realiza para encontrar la pólvora en la detonación de un arma de fuego, a los testigos que vieron al presunto culpable en otro lugar el día del homicidio, entre las demás pruebas a favor, que muy seguramente no aparecieron en el documental. Así como las contradicciones que se dan en las declaraciones del testigo, quien dice ser, primo del sujeto pasivo, y que por lo menos en las primeras dos testimoniales, no menciona el nombre del presunto culpable del delito.

Retomo algunos aspectos, que según el documental, pone en evidencia las graves deficiencias del sistema judicial mexicano. Entre otros resalta que:

  • El 92% de las acusaciones de la fiscalía carece de evidencia
  • El 95% de las sentencias son condenatorias
  • El 93% de los imputados nunca ve a un juez

Entre los baches procesales más notables sobre el caso en particular
están que:

  • El único testigo a cargo en el juicio  durante los dos primeros interrogatorios no incluyó el nombre de quien es presentado como culpable, sino otras tres personas.
  • Durante el rodaje del documental se determina que el abogado defensor del procesado ejercía la profesión de abogado con una licencia falsificada, lo cual agravó su situación.
  • Los testigos a descargo todos fueron desestimados.
  • El apresamiento fue sin orden judicial. Admite la policía que casi siempre exagera y les imputa en forma falsa y dolosa delitos a los detenidos, para asegurarse de que permanezcan en la cárcel.
  • El testigo a cargo, al final negó que hubiese visto quien disparó a la víctima.

Para terminar y a manera de conclusión, el documental concluye con el lema de que en México, no basta ser inocente para ser libre. Con base en esto, considero que la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública aparecida en el DOF el 18 de junio de 2008 es la propuesta de cambio más importante en el sistema de justicia penal, que inicia con un periodo de transición de un sistema mixto tradicional a uno de tipo acusatorio, sobre todo por el hecho de realzar la figura de presunción de inocencia y quitándole valor a la figura de presunción de culpabilidad.

En este mismo sentido, y refiriéndome a la aplicación del nuevo sistema acusatorio, mejor conocido como la aplicación de los juicios orales, retomo otras palabras del ya citado ministro Gudiño Pelayo. En el presente disfrutamos los aciertos y padecemos los efectos de las decisiones equivocadas de anteriores generaciones, a las que debemos sumar nuestros propios aciertos y errores, lo que conduce a la conclusión de que, mediante la actuación humana, es posible lograr el cambio de las instituciones y/o sistemas, dentro de ciertos límites y en determinadas condiciones, para que respondan de mejor manera a las finalidades que se les ha asignado. Planteada en estos términos la cuestión, el dilema no consiste en saber si es posible el cambio, o si es necesario someternos a una realidad fatalmente impuesta, sino dar forma a las acciones adecuadas que deben instrumentarse y, en consecuencia, adoptar las decisiones correctas para concretar los cambios a los que aspiramos[5].


[1] José de Jesús Gudiño Pelayo, La calidad en la Justicia, Ponencia presentada en el XII Congreso Mundial de Derecho Procesal, México, 2003.

[2] Decimos que el delito de homicidio del que se trata es calificado porque se realiza con las condiciones expresadas en el Art. 138 del CPDF.

[3] Me atrevo a hacer esta afirmación conforme a lo que se presenta en el documental, sin embargo, el desconocimiento del Proceso en su totalidad, provoca algunas reservas en los juicios que emito.

[4] Héctor de Mauleón, Presunto Culpable, las jaulas de la justicia. Tomado de la Revista NEXOS, Marzo 2011.

[5] Gudiño Pelayo, José de Jesús, “La complejidad de la simplificación del amparo. Reflexiones en torno a la estructura, alcance y contenido de una nueva ley de amparo”.

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comentarios
  1. jorge dice:

    hermano ni que decir hay cosas q su pueden desear cambiar y es posible aunq mucha gente piense que no se puede cambiar el sistema aunq si hay una gran cantidad de gente con ese mismo deseo de cambio que en mi opinion es mas que la otra parte; aunq sabes es triste escuchar aun en la escuela que hay compañeros que solo kieren estudiar para saber como fregar o robarle a el otro mmmm sin mas pues mucho exito hermano

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